La Ley n.º 5-A/2026, de 28 de enero, creó el Registro de Transparencia de la Representación de Intereses. Veintiún artículos, un código de conducta anexo, y una idea simple detrás de todo: quien habla con el Estado pasa a tener nombre, dirección y cliente conocido.
Entró en vigor el 27 de julio de 2026. Al día siguiente, la Asamblea de la República publicó otra ley que aplazó las partes que muerden.
I. Lo que la ley llama representación de intereses
La definición está en el artículo 2 y es deliberadamente amplia. Es representación legítima de intereses cualquier actividad destinada a influir, directa o indirectamente, en políticas públicas, actos legislativos y reglamentarios, actos administrativos, contratos públicos, o simplemente en el proceso de decisión de una entidad pública. En nombre propio, de un grupo, o de terceros.
La ley da ejemplos: contactos con entidades públicas bajo cualquier forma, envío y circulación de correspondencia y tomas de posición, organización de eventos, reuniones y conferencias, participación en consultas sobre propuestas legislativas.
Bajo cualquier forma es la expresión que importa. Cubre la reunión concertada, pero también la llamada, el correo electrónico y el café.
Del otro lado, la lista del artículo 3 no deja mucho fuera: Presidencia de la República, Asamblea de la República, Gobierno, órganos de gobierno propio de las regiones autónomas, Representantes de la República, administración directa e indirecta del Estado, Banco de Portugal, reguladores y entidades administrativas independientes, administración autónoma, regional y local, entidades intermunicipales.
II. Quién queda fuera
El apartado 3 del mismo artículo abre cinco puertas de salida.
Los actos propios de abogados y procuradores en el ejercicio del mandato forense. La actuación de sindicatos y asociaciones patronales o empresariales en la concertación social, y solo en ese marco. Las respuestas a solicitudes de información directas e individualizadas, o a invitaciones a audiencias y trabajos preparatorios. El ejercicio de derechos procedimentales en el procedimiento administrativo, incluida la contratación pública, donde ya existen reglas propias de transparencia. Y el derecho de petición, con las reclamaciones y denuncias.
La última merece una segunda mirada. La exclusión solo vale cuando la petición o la queja se formula sin ninguna contrapartida remuneratoria. Escrita por quien cobra por escribirla, vuelve a caer dentro de la ley.
Y el artículo 1 guarda una salvaguarda que conviene retener: esta ley no se superpone al derecho de petición, al derecho de participación en la vida pública, al derecho de manifestación ni a la libertad de expresión. Regula una actividad profesional, y deja fuera al ciudadano que escribe a su diputado.
III. Quién tiene que registrarse
Aquí es donde tropieza la lectura apresurada.
El artículo 13 ordena a los registrados en cinco categorías. La segunda es la esperada: quien actúa profesionalmente como representante de intereses legítimos de terceros, a título principal o accesorio. La consultora de asuntos públicos, el gabinete de relaciones institucionales, el profesional que trabaja solo.
La tercera es la que pilla a medio mercado desprevenido: representantes de intereses empresariales, es decir, personas jurídicas que defienden en nombre propio sus propios intereses. No hace falta venderle el servicio a nadie. Basta con que la empresa hable con el regulador sobre la norma que la va a afectar.
Faltan tres. Los interlocutores sociales privados y las entidades de audiencia constitucional o legalmente obligatoria, inscritas automática y de oficio. Los representantes institucionales de intereses colectivos. Y una categoría residual para lo que no encaje en las anteriores.
Y hay una regla que cierra la escapatoria más obvia. Las entidades cuya representación se realiza a través de un intermediario se registran igualmente. El nombre de quien lo manda hablar aparece igualmente.
IV. Las tres fechas que sustituyeron a una
La Ley n.º 5-A/2026 entró en vigor el 27 de julio de 2026, ciento ochenta días después de su publicación. Duró un día sola.
El 28 de julio salió la Ley n.º 37-A/2026, en vigor desde el día 29. Dio al registro la orgánica que le faltaba, derogó el artículo 19 de la ley anterior y reescribió su régimen transitorio.
El resultado es un calendario escalonado. El RTRI solo entra plenamente en funcionamiento el 1 de enero de 2027, cuando toman posesión los tres miembros del Consejo de Gestión. El régimen sancionador solo produce efectos el 1 de junio de 2027. Los municipios, sus empresas locales y las entidades intermunicipales entran en esa misma fecha. Las freguesias, solo el 1 de enero de 2028.
Mientras tanto, publicado el aviso de la Asamblea de la República en el Diário da República, ya es posible inscribirse en régimen provisional. La Asamblea contaba con publicarlo en septiembre de 2026. Es decir, ahora.
V. Los sesenta días
El plazo que da título a este artículo está en el apartado 4 del artículo 8 de la Ley n.º 37-A/2026. Quien ya se dedicaba profesionalmente a la representación de intereses legítimos de terceros cuando la ley entró en vigor tiene sesenta días, contados desde la entrada plena en funcionamiento del registro, para inscribirse con carácter definitivo.
La Asamblea de la República ya hizo la cuenta: empieza el 1 de enero de 2027 y termina el 2 de marzo de 2027.
Quien leyó los periódicos de julio y concluyó que ya estaba en falta, leyó la fecha equivocada. Y quien concluyó que aún faltan años, también. El plazo no corre hoy, pero la puerta del registro provisional se abre este mes.
VI. Sin registro, no hay audiencia
De todas las reglas de esta ley, esta es la que cambia el día a día.
El apartado 1 del artículo 8 dice que las entidades sujetas a registro deben constar obligatoriamente en el RTRI antes de que se les conceda una audiencia o de participar en audiencias promovidas por entidades públicas. El registro funciona como condición de entrada, y tiene que estar hecho antes de que la puerta se abra.
Quedan fuera las audiencias y diligencias procedimentales del Código del Procedimiento Administrativo, del Código de Contratos Públicos y de la demás legislación administrativa, cuando la entidad es interesada o contrainteresada en el procedimiento. Ahí sigue rigiendo el régimen de siempre.
Al otro lado de la mesa también se escribe. Las entidades públicas publican en sus páginas, al menos cada tres meses, las reuniones mantenidas con entidades registradas, con fecha y objeto. La Asamblea de la República y sus órganos lo hacen al mes siguiente.
Y el artículo 10 añade la huella legislativa: al final de cada procedimiento legislativo, todas las consultas e interacciones de la fase preparatoria deben quedar identificadas. Cuando el sigilo o la confidencialidad lo justifiquen, la divulgación puede esperar al final del procedimiento.
VII. Lo que queda registrado
El artículo 5 es la parte de la ley que a algunos les va a costar más.
Nombre de la entidad y objeto social, direcciones y contactos profesionales. Titulares de los órganos sociales y del capital social. Responsable de la actividad, cuando exista. Clientes, intereses representados y sectores en los que ocurre la representación, cuando se trabaja para terceros. Ingresos anuales derivados de la actividad. Y las subvenciones o apoyos financieros recibidos de instituciones de la Unión Europea o de entidades públicas, nacionales o extranjeras, en el último ejercicio financiero cerrado.
Cualquier cambio debe comunicarse en treinta días. La veracidad es responsabilidad de quien declara, no del registro. Y la inscripción puede cancelarse a petición, cuando cesa la actividad, o por incumplimiento de deberes.
Dicho de otro modo: el cliente y el precio pasan a quedar en la misma línea, a la vista de quien quiera mirar.
VIII. Diez deberes, y un cuaderno de contratos
Se lee muchas veces que el artículo 7 impone cinco deberes. Impone diez.
Cumplir las obligaciones declarativas y aceptar que lo que se declara es público. Garantizar que la información es correcta y cooperar cuando se pide más. Mantenerla actualizada sin esperar a que se la pidan. Remitir al registro los códigos de conducta a los que esté vinculado. Identificarse siempre, con el número de inscripción, diciendo con claridad quién es y a qué viene.
Respetar las reglas de circulación en los edificios públicos. No ir a buscar documentos preparatorios fuera de los canales propios de acceso a la información pública. No infringir las reglas ni invitar a entidades públicas, titulares de sus órganos o funcionarios a infringirlas. Dar la misma información, sin discriminación, a todos los interesados y a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y no entregar documentos con omisiones o inexactitudes pensadas para inducir a error a quien decide.
Hay además un deber que no viene en esa lista y que suele pasar desapercibido. Quien representa profesionalmente intereses de terceros debe mantener registro de todas las relaciones contractuales de esa actividad. Y la entidad pública con la que quiere hablar puede pedir verlo.
El artículo 15 cierra el conjunto con el Código de Conducta anexo a la ley, que obliga a ambos lados de la mesa.
IX. Las incompatibilidades y los tres años
El artículo 12 trata de aquello que todo el mundo reconoce cuando lo ve: la puerta giratoria.
Quien fue titular de cargo político o de alto cargo público, y también los funcionarios y los miembros de sus gabinetes, queda impedido durante tres años de representar intereses ante el ministerio, el órgano o la persona jurídica donde ejerció funciones. Tres años contados desde el día en que salió.
Y mientras se está dentro, no se hacen las dos cosas. Representar intereses de terceros es incompatible con ser titular de órgano de soberanía, de cargo político o de alto cargo público, con funciones en entidad administrativa independiente o reguladora, y con trabajar en un gabinete de apoyo a esos titulares.
Quien hace de esto profesión debe además prevenir conflictos de intereses, evitando representaciones simultáneas o sucesivas que comprometan la independencia, la imparcialidad y la objetividad, o que distorsionen la información facilitada a las entidades públicas.
El artículo 6 resuelve el resto con una frase seca: el acceso a edificios públicos se hace en estricta igualdad con los demás ciudadanos, y nadie puede invocar haber sido titular de cargo público para entrar. El registro, dice la misma norma, no da trato privilegiado en el acceso a los decisores. Sirve solo para que se sepa quién entró.
X. Cuando la ley se incumple
El régimen sancionador de esta ley prescinde de multas y va a buscar lo que duele más.
Tras un procedimiento instructor con garantías de defensa, conducido por el órgano de gestión del registro, la violación de los deberes puede costar la suspensión total o parcial de la inscripción, o de la posibilidad de establecer contactos institucionales, por hasta dos años. Puede costar limitaciones de acceso a las personas que actuaron en nombre de la entidad. Puede costar la exclusión de los procedimientos de consulta pública, también por hasta dos años.
Las decisiones se publican en el portal de la Asamblea de la República y en el de la entidad pública implicada, y son impugnables ante los tribunales administrativos. La suspensión no se aplica a quien esté inscrito de forma automática y de oficio.
Y hay después una consecuencia que ya no es administrativa. Ejercer la actividad sin registro previo, o facilitar información falsa al registro, se comunica al Ministerio Público.
Conviene guardar la fecha: este régimen sancionador solo entra en vigor el 1 de junio de 2027.
Antes de enero de 2027
Si su organización habla con entidades públicas, y casi todas las que tienen cierta dimensión lo hacen, esperar a marzo de 2027 es la peor estrategia disponible.
El trabajo es otro, y es ahora. Entender cuáles de sus contactos encajan en la definición del artículo 2 y cuáles se salvan por las exclusiones del apartado 3. Decidir en qué categoría del artículo 13 se inscribe. Reunir lo que el artículo 5 va a pedir, incluida la parte incómoda de los ingresos y los apoyos. Verificar si alguien en la casa sigue dentro de los tres años del artículo 12. Y, si quiere poder concertar reuniones en enero sin sobresaltos, inscribirse en régimen provisional en cuanto salga el aviso.
Si está del otro lado, el reloj ya corre. Desde el 29 de julio de 2026 las entidades públicas comprendidas en el artículo 3 deben registrar y publicitar las audiencias que conceden, con identificación de quién fue recibido y del objeto del encuentro. Las normas reglamentarias que definen ese procedimiento deben estar aprobadas hasta el 30 de noviembre de 2026. Los municipios, sus empresas locales y las entidades intermunicipales tienen hasta el 30 de abril de 2027; las freguesias, hasta el 30 de noviembre de 2027. En las regiones autónomas el registro se aplica, sin perjuicio del decreto legislativo regional que lo adapte a los órganos de gobierno propio y a la administración regional.
Horacio Baptista Ladera sigue de cerca este régimen y apoya a empresas, asociaciones y entidades públicas en Lisboa, Oporto y Funchal en la preparación del registro y de las reglas de publicidad de audiencias.
La ley del lobby entró en vigor en julio de 2026. El registro que le da cuerpo abre en enero de 2027. Y la sanción que le da dientes, solo en junio.
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